La lucha de las comunidades mapuches por recuperar sus tierras ancestrales ha
tenido como respuesta la represión, que no hace distinción de mujeres, niños y
ancianos. La detención arbitraria y los procesos plagados de irregularidades,
incluidas la utilización de testigos secretos y la aplicación de condenas
desproporcionadas, son lo cotidiano en La Araucanía. La represión ha arreciado
-alcanzando niveles de violencia en allanamientos como el de la comunidad
Temucuicui, donde fue herido a bala un mapuche-, después del atentado a una
vivienda en Vilcún que costó la vida al agricultor Werner Luchsinger y a su
esposa, Vivian MacKay.
Desde la década de los 80, las comunidades mapuches han perdido más del 60
por ciento de sus tierras, y los litigios judiciales duermen en los estantes de
los tribunales. Hay 2,5 millones de hectáreas de tierras ancestrales del pueblo
mapuche que están en poder de las forestales Mininco y Arauco. Las
organizaciones mapuches se han rebelado frente a una usurpación que ha contado
con el apoyo de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses de las
forestales y terratenientes de la zona.
HUELGA DE HAMBRE
Por otra parte, desde el 14 de noviembre pasado, Héctor Llaitul Carrillanca,
líder de la Coordinadora Arauco Malleco, y Ramón Llanquileo Pilquimán mantienen
una huelga de hambre para que se ponga fin a la persecución a las comunidades
mapuches, termine la aplicación arbitraria de la Ley Antiterrorista que utiliza
testigos secretos, y para que concluyan las condenas injustas que les afectan.
Llaitul fue trasladado a la cárcel El Manzano de Concepción y Llanquileo,
desde la prisión en Angol, declaró: “Llamamos a las comunidades a seguir
movilizándose por sus demandas históricas, pero a la vez las llamamos a ser
responsables en su accionar de lucha pues nuestro enemigo lo que pretenderá a
través de sus medios de comunicación masivos es enlodar nuestras justas demandas
por territorio y autonomía”.
Gendarmería, que había resuelto conceder a Llanquileo el beneficio de salida
de fin de semana, canceló esa resolución al producirse el atentado incendiario
en Vilcún.
Llaitul y Llanquileo rechazan la transgresión del prinicipio de derecho penal
Non bis in idem , es decir, no ser juzgados dos veces por la misma causa.
También demandan el reconocimiento de su calidad de presos políticos y la
dignidad que les corresponde. Llaitul está condenado a 10 años por robo con
intimidación, a 4 años por homicidio frustrado (el montaje de una falsa
emboscada) al fiscal Mario Elgueta y a 541 días por Ley de Seguridad
Interior del Estado. Llanquileo está condenado a 8 años por delitos similares.
Asimismo, ha manifestado haber sido doblemente juzgado por dos tribunales, uno
civil y otro militar, siendo condenado a 3 y 4 años por tribunales civiles en el
caso del fiscal Elgueta, en circunstancias que ya había sido absuelto en la
misma causa por un tribunal militar.
La Comisión Etica contra la Tortura obtuvo las firmas de numerosas
personalidades de Chile y el extranjero para una carta al presidente de la
República pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Llaitul y
Llanquileo, así como la creación de una instancia de diálogo entre el Estado y
los representantes legítimos del pueblo mapuche.
EL ASESINATO DE
MATIAS CATRILEO
Las políticas del Estado hacia las comunidades indígenas han estado plagadas
de promesas no cumplidas, arbitrariedades, cárcel para los comuneros e impunidad
para quienes utilizaron la represión. El 3 de enero de 2008, bajo el gobierno de
Michelle Bachelet, fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada, estudiante de
agronomía de la Universidad de La Frontera. Catrileo, de 22 años, falleció como
consecuencia de un disparo en la espalda, efectuado por el cabo segundo de
Carabineros Walter Ramírez. El crimen ocurrió durante una recuperación pacífica
de tierras en las cercanías del fundo Santa Margarita del empresario Jorge
Luchsinger, en la comuna de Vilcún.
No fue este el único crimen cometido bajo los gobiernos de la Concertación.
En reciente carta al presidente Piñera, la lonko Juana Calfunao, de la
comunidad Juan Paillalef, recuerda que también fueron asesinados por la policía
Alex Lemún (2002), Julio Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Díaz Necul (2005),
José Huenante (de 16 años, detenido y desaparecido), Juan Collihuín Catril
(2006), Johnny Cariqueo Yáñez (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) y José Toro
Ñanco (2009). La propia lonko Calfunao ha sido víctima de la represión.
Desconocidos quemaron tres veces su casa y en uno de estos incendios pereció su
tío Basilio Coñonao. La lonko sufrió torturas que le provocaron un aborto. “Todo
ello -dice- me hace pensar que la policía no está al servicio de la sociedad y
que para los mapuches no es garantía de seguridad y protección (…) Nos sentimos
excluidos del derecho -agrega- y víctimas de una política que nos ha tratado de
erradicar como pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de
los principales motivos por los cuales los mapuches no nos sentimos
identificados con su país. Sin lugar a dudas, es indispensable, señor Piñera,
tener voluntad política para solucionar el conflicto y conseguir la paz social
que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez este clima de
militarización de nuestro territorio y enfrentamientos que, lamentablemente, ya
han costado la vida a demasiadas personas mapuches y chilenos”.
En el caso de Matías Catrileo, la acción homicida del cabo Ramírez quedó
demostrada en el proceso y el fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio,
solicitó una pena de 10 años de presidio. El Juzgado Militar de Valdivia lo
condenó a dos años con pena remitida, o sea en libertad, y siguió en funciones
en Coyhaique con salario regular y asignación de zona.
Para el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de derechos humanos y
representante de comuneros mapuches: “Aquí hay una resolución de un
tribunal militar que condenó al funcionario de Carabineros a una pena privativa
de libertad, pero con beneficios, atendida la naturaleza de la pena que se le
aplicó. Pero adicionalmente, junto con la pena de carácter corporal, están las
penas accesorias y las inhabilidades de orden civil y político. En ese contexto,
las penas accesorias que inhabilitan a una persona para ejercer ciertos derechos
civiles, como funciones públicas, prevalecen por sobre la decisión
administrativa de la Contraloría General de la República que establece que
Ramírez no tiene impedimentos para continuar en las filas de la institución
policial. Esto se enmarca en una política de impunidad que se ha ido
desarrollando con fuerza en estos últimos años”.
¿Qué opina de la condena por “violencia innecesaria” en el caso de Matías
Catrileo?
“Carabineros en ejercicio de sus funciones no cometen el delito de homicidio.
La figura más asimilable al homicidio es ‘violencia innecesaria causante de
muerte’. Lo que se puede concluir de esa calificación jurídica y de la condena
que se aplicó es que, en definitiva, los carabineros como funcionarios públicos
pueden matar por la espalda recibiendo una pena bastante desproporcionada según
la naturaleza del ilícito. La pena resulta injustificada desde un punto de vista
penal y ético. En el fondo, lo que la judicatura militar hizo fue avalar en la
práctica la política represiva que el Estado desarrolla en el tratamiento del
problema mapuche. En ese contexto hay una política represiva impulsada desde el
Ministerio del Interior a través de Carabineros, que actúa como una policía con
tácticas militares. Cuando llega el momento de asegurar los derechos de las
víctimas de esta política represiva, la respuesta del órgano jurisdiccional
lejos de condenar drásticamente la conducta penal ilícita, la sanciona de modo
benevolente”.
¿Por qué es la justicia militar la que sigue conociendo los casos de
comuneros mapuche y no la justicia civil?
“Aquí hay una deuda pendiente desde el inicio de los gobiernos
posdictatoriales. Había una promesa que contemplaba prácticamente la derogación
de la judicatura militar, que ésta perdiera su competencia para juzgar a
civiles, y no solamente para juzgar a civiles como imputados sino también para
conocer y juzgar aquellas materias en que aparecieran vinculados Carabineros o
miembros de las Fuerzas Armadas en la comisión de delitos. Sin embargo, esa
promesa no se cumplió. Pasó el gobierno de Aylwin, el gobierno de Lagos, el de
Frei y Bachelet y finalmente en el gobierno de Piñera, como consecuencia de una
huelga de hambre de los comuneros mapuches, se logró por lo menos una de las
reivindicaciones, que es limitar la competencia de la justicia militar. Los
tribunales militares pierden competencia para juzgar a civiles en calidad de
imputados”.
MAPUCHE, ENEMIGO INTERNO
Dos comuneros llevan casi dos meses en huelga de hambre en demanda de
juicio justo. ¿Cuál es su visión de esos procesos?
“Hay que entender que esto es parte de una política del Estado y éste tiene
compromisos de carácter ideológico, económico y político que se expresan en una
institucionalidad. Ella está al servicio de ciertos intereses económicos. Todo
esto aparece enmarcado en un orden normativo que garantiza esa
institucionalidad. En concreto, tenemos que el Estado ha puesto en práctica una
política represiva muy fuerte en contra de las reivindicaciones del pueblo
mapuche, que tienen raíces históricas. Esto se ha traducido en procesos que se
han desarrollado de manera arbitraria, en atribuir a las acciones
reivindicativas de los comuneros el carácter de delitos terroristas, utilizar
procedimientos jurisdiccionales que están en el límite de las normas del debido
proceso: por ejemplo, los llamados testigos secretos, se sustancian procesos de
manera paralela ante la justicia civil y militar, no se respeta un principio
fundamental del derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el
mismo delito. Prácticamente, esto es una constante en la persecución judicial
contra los mapuches”.
DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL
¿A diferencia de otros sectores sociales, por qué se reprime con más
fuerza a los comuneros mapuches, por qué tanta arbitrariedad judicial?
“Esto es explicable porque en Chile subsiste la aplicación de la doctrina de
la Seguridad Nacional. No ha sido erradicada de la Constitución desde un punto
de vista normativo. Se mantiene como un baluarte que garantiza el desarrollo de
esta institucionalidad que heredamos de la dictadura militar. En ese sentido,
hay que tener en consideración que la dictadura tuvo por objetivo eliminar
mediante la violación de los derechos humanos un modelo económico-social que se
quiso implementar durante el gobierno de la Unidad Popular. El mapuche es
considerado un ‘enemigo interno’ y por consiguiente, toda la actividad del
Estado aparece justificada en la medida que las reivindicaciones del pueblo
mapuche atentan contra las bases de la institucionalidad económica y social
impuesta en Chile. En el país existe un muro para contener cualquier
reivindicación económico-social que pudiera alterar el modelo neoliberal. La
salvaguarda de la institucionalidad es la doctrina de Seguridad Nacional. Por
eso Carabineros actúa en La Araucanía en forma militarizada y reprime
indiscriminadamente a niños, ancianos y mujeres mapuches”.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013
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