El 1 de enero
de 1994 se inició de manera explícita el conflicto en Chiapas con el
levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este
movimiento busca el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas, y desde
sus inicios la Sociedad
Civil Las Abejas se mostró simpatizante con sus demandas aunque
no con los medios que el EZLN proponía para conseguirlas, es decir con la lucha
armada. Así es como se plantea la cercanía de las abejas con el zapatismo, como
un movimiento paralelo que impulsa una lucha pacífica.
video animación
La guerra abierta dura pocos días
ante la presión de la sociedad civil nacional e internacional y para el 10 de
enero de 1994 se firma un pacto de no agresión entre el Estado mexicano y el
grupo insurgente. Pocos meses después se inician los diálogos que buscaban
llegar a un desenlace definitivo entre las partes enfrentadas, primero en San
Miguel Ocosingo y en San Cristóbal de Las Casas en 1994 y posteriormente en San
Andrés Larrainzar a partir de 1995. En este proceso que intentaba dar solución
del conflicto, Las Abejas participan activamente dentro de los cinturones de paz
que buscaban proporcionar apoyo a la seguridad de la comandancia del EZLN así
como al interior de las discusiones que proporcionaron propuestas para las mesas
de diálogo.
Según Pablo
Romo, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(CDHFBLC), mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a
dialogar en busca de la paz, el ejército mexicano comenzó la implementación, por
órdenes del ejecutivo federal, una estrategia contrainsurgente descrita como
“guerra de baja intensidad”. La estrategia plantea el entrenamiento de grupos
armados al interior de las comunidades que hicieran el “trabajo sucio” y con eso
lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a
la par de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar la
información que incrimine las acciones gubernamentales.
Con la
intención de “matar al pez quitándole el agua” e interpretando que todos los que
no colaboran con el gobierno están en contra del gobierno, a partir de 1995 el
Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente
acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el
zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el norte del
estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla,
Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de “laboratorio de operaciones”
como refiere Blanca Martínez, actual directora del CDHFBLC. Es a partir de 1996,
debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al
engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja
intensidad llega a Los Altos.
Para
principios de 1997 el conflicto político en la zona comienza a complejizarse y
los grupos paramilitares actúan de manera constante tomando represalias en
contra de quienes no aceptan sumarse a su causa. Posteriormente, pugnas entre
zapatistas y priístas por el derecho de explotación de un banco de arena en el
paraje de Majomut vendrá a ser una excusa usada por los paramilitares para
incrementar las acciones de violencia.
La ola de temor que se
desencadenó como consecuencia del continuo hostigamiento de los habitantes de
las comunidades por parte de los grupos paramilitares, llevó al desplazamiento
de alrededor de 9.000 personas en el área que tuvieron que ser reacomodadas en
comunidades simpatizantes con sus respectivos filiaciones políticas que
sirvieron como campamentos de desplazados. Asimismo, el reacomodo poblacional
masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles militares
a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta la
fecha.
La escalada
del conflicto llevó a que el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles
equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas abejas
(18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación;
7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años
de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su
mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones
permanentes.
Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de
Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas
y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados,
realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de
Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por
alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un
puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública)
se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que
apuntan hacia una responsabilidad directa del estado
mexicano.
El hecho
violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del
Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del Gobernador de Chiapas Julio
César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente
municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento
necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido
investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex Presidente de
la República Ernesto
Zedillo o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la
acción se mantiene impune.
Por otro lado
Las Abejas refieren que el hecho de que acciones como la masacre de Acteal, o
casos como los de Aguas Blancas en 1995 o Oaxaca y San Salvador Atenco en
el 2006 se mantengan en la impunidad, refleja las intenciones que tiene el Estado mexicano de destruir a toda costa, sin importar
el costo en vidas humanas, los movimientos que buscan impulsar un
cambio social.
A más de 10
años de ocurrido el hecho que modificó tajantemente las dinámicas sociales de
las comunidades abejas, Acteal se presenta como un punto desde el cual se emite
una declaración de repudio ante las relaciones asimétricas que impulsa el
gobierno mexicano en contra de las comunidades indígenas.
Nombre y
edad de las víctimas de la masacre
María Pérez
Oyalte, 43 años,Martha Capote Pérez, 12 años,Rosa Vázquez Luna, 24 años, Marcela
Capote Ruiz, 29 años ,Marcela Pucuj Luna, 67 años, Loida Ruiz Gómez, 6
años,Catalina Luna Pérez, 21 años, Manuela Pérez Moreno, 50 años Manuel Santiz
Culebra, 57 años Margarita Méndez Paciencia, 23 años Marcela Luna Ruiz, 35 años,
Micaela Vázquez Pérez, 9 años, Josefa Vázquez Pérez, 5 años, Daniel Gómez Pérez,
24 años, Sebastián Gómez Pérez, 9 años, Juana Pérez Pérez, 33 años, María Gómez
Ruiz, 23 años, Victorio Vázquez Gómez, 2 años, Verónica Vázquez Luna, 22 años,
Paulina Hernández Vázquez, 22 años, Juana Pérez Luna, 9 años, Roselina Gómez
Hernández (?), Lucía Méndez Capote, 7 años, Graciela Gómez Hernández, 3 años,
Marcela Capote Vázquez, 15 años, Miguel Pérez Jiménez, 40 años, Susana Jiménez
Luna, 17 años, Rosa Pérez Pérez, 33 años, Ignacio Pucuj Luna, 62 años, María
Luna Méndez, 44 años, Alonso Vázquez Gómez, 46 años, Lorenzo Gómez Pérez, 46
años, María Capote Pérez, 16 años, Antonio Vázquez Luna, 17 años, Antonia
Vázquez Pérez, 21 años, Marcela Vázquez Pérez, 30 años, Silvia Pérez Luna, 6
años, Vicente Méndez Capote, 5 años, Guadalupe Gómez Hernandez, 2 años, Micaela
Vázquez Luna, 3 años, Juana Vázquez Luna, 1 años, Alejandro Pérez Luna, 15 años,
Juana Luna Vázquez, 45 años, Juana Gómez Pérez, 51 años, Juan Carlos Luna Pérez,
2 años
FUENTE: http://acteal.blogspot.com.es/
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