Neuquén, Santiago del Estero, Chaco y Formosa fueron algunos de los lugares
en los que la represión sobre pueblos indígenas y campesinos dijo presente
durante los últimos meses. En todos los casos se debe a conflictos
territoriales, por avance de la frontera petrolera y agropecuaria. “Es urgente y
necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos
aberrantes, para que no se repitan nunca más”, reclamó una carta abierta a la
Presidenta publicada por académicos y organizaciones sociales en enero. El
escrito, que lleva la firma de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano (entre otros),
recuerda a las últimas víctimas de los pueblos originarios, apunta al modelo
económico extractivo y alerta sobre una “escalada de violencia” contra
campesinos e indígenas.
Avanzada petrolera
En las afueras de Zapala (Neuquén) opera la petrolera estadounidense Apache,
en territorios de comunidades mapuche. Allí se desarrolló el primer pozo de
hidrocarburos “no convencionales” de Argentina (yacimiento bautizado
“anticlinal”). Territorio de la comunidad Gelay Ko, que denunció contaminación
(derrames y posible afectación del acuífero que provee agua a la región) y
presiones empresarias para avanzar con nuevas explotaciones.
La empresa Apache también explota el yacimiento Portezuelo Norte, también en
cercanías de Zapala. El 15 de octubre la comunidad Winkul Newen (“Fuerza de los
cerros”) denunció el derrame de petróleo en un ducto de la empresa Apache. Dos
meses después, el 28 de diciembre, y por orden de la jueza Ivonne San Martín
(conocida por sus frecuentes fallos contra el Pueblo Mapuche), una auxiliar del
Poder Judicial, policías y la empresa Apache llegaron hasta la comunidad Winkul
Newen para que la compañía reactive diez pozos petroleros.
La comunidad resistió el ingreso de la petrolera y, producto del
enfretamiento, fue herida en el rostro la oficial de justicia Verónica
Pelayes.
“La comunidad resistió a una orden de desalojo dictada por la jueza Ivonne
San Martín de Zapala, la cual imponía el ingreso de la empresa Apache a
territorio comunitario. Este hecho impune terminó con dos autoridades mapuche
detenidas, Martín Maliqueo, werken de la comunidad, y Mauricio Rain, lonko de la
comunidad Wiñoy Folil. Repudiamos el accionar policial y judicial en complicidad
de la empresa Apache, que sólo acusa y detiene al pueblo originario mapuche por
defender sus derechos”, denunció el 29 de diciembre la comunidad Winkul Newen.
Al día siguiente detuvieron a Relmú Ñamku, también integrante de la
comunidad.
Una decena de organizaciones (entre ellas la Mesa Coordinadora por los
Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y
el obispo emérito Marcelo Melani), lamentaron la violencia del 28 de diciembre
de 2012: “Nos duele el rostro desfigurado de la señora Verónica Pelayes (la
auxiliar de justicia herida con un piedrazo) y lo lamentamos profundamente,
también nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados,
olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad”, lamentaron.
En un comunicado de once puntos, resaltaron: “¿Queda alguna duda que la
justicia de Zapala, en la figura de la jueza Ivonne San Martín, la secretaria
Alicia Fuentes y la camarista Liliana Deiub están a favor de las empresas
extractoras de hidrocarburos, sin importarles en primer lugar la gente que vive
en los territorios de explotación y sin detener la mirada en la contaminación en
todas sus formas producidas por dichas actividades petroleras?” La primera
semana de enero, la comunidad Winkul Newen advirtió que “el avance de la
multinacional Apache no se detendrá”, lo vinculó a la avanzada de explotación de
yacimientos no convencionales y responsabilizó al gobierno nacional y
provincial.
El 14 de febrero a la mañana, la empresa Apache (con custodia policial)
intentó ingresar a la comunidad. “No los dejaremos. Es territorio comunitario.
Primero tienen que sanear lo que contaminaron y sentarse a discutir con nosotros
el impacto de su actividad en la comunidad”, afirmó Relmú Ñamku, vocera de
Winkul Newen.
Secuestro en Santiago
Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela e integrante del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) fue asesinado el 10 de octubre de
2012. La organización denunció que recibió una puñalada en la yugular por un
“sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió el 10 de octubre en el
paraje Simbol, en el límite con Salta. El Mocase-VC (que integra el Movimiento
Nacional Campesino Indígena –MNCI–) exigió que se apruebe en el Congreso
Nacional la ley para frenar los desalojos, nacida de las organizaciones rurales
y que fue presentada por el kirchnerismo en diciembre de 2011 (luego del
asesinato de Cristian Ferreyra, también del Mocase-VC).
La ley no se aprobó.
El 30 de enero, en la comunidad indígena Tres Leones (en el norte de Santiago
del Estero), Juan Santillán fue secuestrado y amenazado por una patota al
servicio de un empresario agropecuario. “Primero me apuntaron, me golpearon y
tiraron al suelo. Luego me ordenaron que me saque la ropa y a punta de escopeta
el señor Alejandro Porta junto con sus cómplices me llevaron por un camino. Me
hacen caminar un kilómetro desnudo, paran y me dicen que abra la boca, quieren
fusilarme con una escopeta 12/70 automática. Me niego. Me llevan nuevamente
hasta la camioneta negra Hilux y me intentan obligar a subir. Me niego. Me
afirman nuevamente el caño de la escopeta en la espalda, me dice ‘te vamos a
violar’. Me revelo. ‘Matame ya que mierda’, le digo”, recordó Santillán, del
Mocase-VC. Y afirmó que, antes de dejarlo ir, le advirtieron que si no dejaba el
campo iban a asesinar a sus once hijos.
La comunidad Tres Leones señaló que mantiene el conflicto territorial desde
hace ocho años y que, en ese lapso, ha realizado “más de 50 denuncias” ante la
Policía, juzgados y la Dirección de Bosques provincial (dependiente del
Ministerio de Producción).
“A pesar de las denuncias, la policía hace adicionales para los empresarios.
No hay investigación para dar con las armas que portan los sicarios, no dan con
nuestros animales robados, nada hacen por las amenazas que sufren nuestros
hijos, continúan cortados caminos vecinales por los campamentos de bandas
armadas que custodian una topadora que realiza desmontes y deslindes en nuestro
territorio”, denunció el Mocase-VC e hizo responsable “al gobierno provincial de
lo ocurrido hasta aquí y de lo que pueda suceder”.
Sangre Qom
El 9 de diciembre de 2012 fueron atropelladas en Formosa (ruta 86) la beba
Lila Coyipe (de diez meses) y su abuela, Celestina Jara. Celestina murió en el
momento, sobre el asfalto. Lila falleció el día siguiente. Ambas qom de la
comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Ricardo Coyipé, también
atropellado (esposo de Celestina y abuelo de Lila), denunció que “no fue
accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme que los chocó –lejos
de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia.
Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me
dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció
Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.
La versión policial, y del gobierno de Formosa, fue que se trató de un
accidente. El 5 de enero, en Villa Río Bermejito (en el Impenetrable de Chaco)
fue encontrado sin vida el qom Imer Flores (de 12 años). Había sido golpeado, su
rostro estaba desfigurado y arrancado de su piel un tatuaje que lo identificaba
con su comunidad indígena El Colchón. Luego de que la comunidad tomara la
comisaría local, la Policía detuvo al supuesto agresor. “Una ves más el naroqshe
(blanco) impregna de dolor y muerte al Pueblo Qom”, lamentó el comunicado del
Consejo Carashe (autoridades indígenas) del Impenetrable chaqueño.
El gobernador, Jorge Capitanich, lamentó la muerte y la vinculó a un “hecho
policial”. La comunidad qom lo asoció al racismo histórico, y cotidiano, que
pacen los pueblos originarios de la región. El 6 de enero, en la localidad de
Laguna Blanca (Formosa), una patota golpeó a Omar Avalos, activo luchador de la
comunidad qom La Primavera. Avalos denunció (junto a su esposa, que fue testigo
de la golpiza) que los atacantes los acusaban de ser opositores al gobierno
provincial.
Tres días después, el 9 de enero, falleció Juan Daniel Díaz Asijak, de 16
años, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. “La
policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo en accidente en la moto. No le
creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asikaj,
padre de Daniel, y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”. El
gobierno provincial sostuvo que se trató de un “accidente vial, lo que se diga
en contrario son falacias”.
El joven era sobrino del líder de la comunidad y referente en la lucha qom,
Félix Díaz.
Carta abierta
El 17 y 18 de noviembre de 2012 se reunieron en Buenos Aires organizaciones
indígenas de todo el país, entre las cuáles sobresalía el Consejo Plurinacional
Indígena (espacio de articulación nacido en el Bicentenario argentino –mayo de
2010–). “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales
e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos
una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de
derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos
indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto
de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos
políticos y territoriales”, denuncia el documento, llamado “Derechos humanos
para los pueblos indígenas”. En enero pasado, un grupo de intelectuales y
personalidades de la cultura escribieron una carta abierta a la presidenta de la
Nación. “Nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca
o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos
conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos
indígenas”, denuncia el escrito, firmado (entre otros) por el escritor uruguayo
Eduardo Galeano y el periodista e historiador Osvaldo Bayer.
La extensa carta repasa hechos históricos que golpearon a los pueblos
originarios, argumenta de manera concreta sobre las falencias del Estado y
propone políticas activas para revertir la situación. Siempre en un tono
respetuoso y con argumentos, interpela a la Presidenta: “Se trata de un problema
de extensión nacional y se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos
recientes. Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en
los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente
para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque
en menor medida, el turismo. Muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y
abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales
como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en
los últimos tres años”.
“Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de pueblos indígenas que
son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que
aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las
herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la
política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y
acompaña”, afirma el escrito.
Firmado por miles de personas en pocos días, pide que se investiguen los
asesinatos, que se cumplan las leyes que protegen los derechos de los pueblos
indígenas, que intervenga en el modelo extractivo que avanza sobre las
comunidades y solicita a la Presidenta: “Es urgente y necesario que el Gobierno
Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes (los asesinatos)”.
No hubo ninguna respuesta de funcionarios del gobierno nacional.
Una semana después de la carta abierta, el 4 de febrero, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner compartió un acto público con Gildo Insfrán,
gobernador de la provincia de Formosa, epicentro de la represión contra el
pueblo indígena Qom.
Transmitido por la televisión, no hubo mención a la situación indígena,
abundaron las sonrisas y los apoyos mutuos. Como si la carta abierta, y los
asesinatos de indígenas, nunca hubieran existido.
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